Primero que nada hay que aclarar varios conceptos antes de pasar  a revisar la actuación del abogado en defensa letrada:

¿Qué es la defensa letrada?

La asistencia Letrada al detenido, es una garantía constitucional, ex art. 17.3 CE, para que la persona privada de libertad no vea restringidos otros derechos diferentes a ésta.

El derecho de defensa conlleva la potestad del derecho a elegir un Abogado expertos en derecho penal de su propia elección (también denominado abogado de confianza, derecho reconocido expresamente en el art. 440.1, LOPJ) que se constituye como un derecho de la parte, convirtiéndose al tiempo en un requisito de validez de las actuaciones procesales.

La asistencia letrada al detenido  (en sede policial o judicial) es configurado como un derecho irrenunciable del ciudadano a ser asistido por un Abogado experto en derecho penal, y existe una obligación legal sobre la autoridad policial y judicial para que se recabe un letrado que le asista, bien particular o bien de oficio para el ejercicio de la defensa de los derechos individuales garantizados por la Constitución.

¿Qué se entiende por detención policial y judicial?

Podemos definir la detención como: “La medida cautelar de carácter personal por la que se limita a una persona, provisionalmente, de su derecho a la libertad, con el fin de ponerla a disposición del Juez que instruye el Sumario”.

Por su parte señalar que la detención puede producirse antes de la existencia de un proceso penal, durante el mismo o cuando éste concluya. Todo detenido tiene la presunción de inocencia, por ello las garantías constitucionales deberán imperar siempre en cualquier detención.

¿Quiénes pueden detener y cuándo?

  • Cualquier persona puede detener:
  • A quien intente cometer un delito, en el momento de disponerse a cometerlo.
  • Al delincuente en el momento de estar cometiendo el delito (delincuente in fraganti)
  • Al que ya ha sido procesado o condenado, que se encuentre en situación de rebeldía (no ha acudido a los llamamientos judiciales)

Al que se fugue:

  • Del establecimiento penal donde esté cumpliendo condena.
  • De la cárcel donde esté esperando el traslado hacia el lugar donde deba cumplir condena o durante el trayecto.

Obligación de detener del agente policial y Autoridad Pública

Por otro lado, la Autoridad o agente de Policía Judicial, tiene la obligación de detener:

  • A aquella persona que se encuentre en cualquiera de los casos mencionados en con anterioridad.
  • Al que ya haya sido procesado por delito castigado con una pena superior a prisión menor.
  • Al que se le haya señalado pena inferior a aquélla, cuando por los antecedentes de la persona o por las circunstancias del hecho se considere que no va a comparecer cuando sea citado por la Autoridad Judicial (salvo que haya prestado una fianza suficiente que garantice su asistencia)

En las mismas circunstancias que el caso anterior, al que no haya sido procesado todavía, si la autoridad tiene motivos para creer que ha participado en la comisión de un hecho que presenta las características de delito.

¿Cuánto tiempo puede durar la detención?

El agente o la Autoridad Judicial que realice la detención, debe poner en libertad al detenido o entregarle al Juez más próximo al lugar en el que se haya realizado la detención, dentro de las 24 horas siguientes al momento de producirse la misma.

En caso de detención preventiva, ésta no podrá durar más del tiempo estrictamente necesaria para aclarar los hechos; en cualquier caso, en el plazo máximo de 72 horas el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la Autoridad Judicial.

¿Cuáles son los derechos de un  detenido?

La persona detenida, debe ser informada de modo que pueda comprender, de los hechos delictivos de los que se le acusa y de las razones que han dado lugar a su detención, así como de los derechos que le asisten:

  • Derecho a guardar silencio no declarando si no lo desea, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que le planteen, y tendrá derecho a manifestar que sólo declarará ante el Juez.
  • Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.
  • Derecho a designar libremente abogado y a pedir que asista a actos de declaración y que intervenga en cualquier reconocimiento de identidad de que sea objeto.
  • A entrevistarse confidencialmente con su abogado especialista en derecho penal.
  • Si el detenido o preso no designara abogado, se le designará uno de oficio por parte de la autoridad judicial o funcionario que le custodie, quien deberá acudir al centro de detención a la mayor brevedad posible.
  • Derecho a que se informe al familiar o persona que desee, el hecho de la detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento.
  • Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la Oficina Consular de su país.
  • Derecho a ser asistido por un intérprete de forma gratuita si el extranjero no comprende o no habla el castellano.
  • Derecho a ser reconocido por el Médico Forense o su sustituto legal y, en su defecto por el Médico forense de la Institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas.
  • Si se trata de un menor de edad o incapacitado, la autoridad que custodie al detenido informará de los hechos a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del menor y, si no se las encontrase, se informará inmediatamente al Ministerio Fiscal.
  • Si el detenido menor o incapacitado fuese además extranjero, la detención se comunicará al Cónsul de su país.

¿Cómo se lleva a cabo la declaración del detenido?

  • El Juez debe tomar declaración en las primeras veinticuatro horas siguientes a la detención, que se pueden prorrogar por otras cuarenta y ocho horas si concurriere causa grave. Así mismo, el procesado, puede declarar cuantas veces quisiere y el Juez le recibirá la declaración de forma inmediata si tuviera relación con la causa.
  • Las respuestas serán orales y no se les podrá exigir juramento, siendo precisa la asistencia letrada salvo para los delitos contra la seguridad del tráfico.
  • Si el imputado no entendiese o no hablase el idioma español se le solicitará un intérprete.
  • En la declaración se consignarán íntegramente las preguntas y contestaciones.
  • En la primera declaración será preguntado por las generales de la ley: filiación, modo de vivir, lugar de trabajo, si fuese procesado anteriormente, por qué delito, ante qué Juez o Tribunal, pena impuesta, si la cumplió, si sabe leer y escribir, si conoce las causas de la detención y los derechos que le asisten, etc.
  • Las preguntas que se le hagan se dirigirán a la averiguación de los hechos y la participación en ellos del detenido y de las demás personas que hubieren contribuido a ejecutarlos o encubrirlos.
  • Se le interrogará, caso de habérsele encontrado objetos, sobre su procedencia, destino y razón de poseerlos.
  • Las preguntas serán directas y de ningún modo sugestivas o capciosas.
  • No se podrá emplear con el detenido ningún género de coacción, de lo contrario se podría incurrir en delito de tortura (art. 204 bis Código Penal).
  • Cuando el interrogatorio se prolongue excesivamente, o por el número de preguntas hubiere perdido la serenidad de juicio, se suspenderá, concediéndose tiempo para descansar.
  • El detenido leerá su declaración y, en su defecto le será leída por el Secretario, firmando todos los intervinientes.
  • No se harán tachaduras, enmiendas, ni interlineados, consignándose al final las equivocaciones cometidas.